- El TJUE confirma la sanción definitiva de 4.125 millones de euros por abuso de posición dominante.
- La justicia europea rechaza los argumentos de la compañía sobre la libre elección y calidad de sus servicios.
- Google obligaba a preinstalar sus aplicaciones como condición para acceder a la tienda Play Store.
- Alphabet, la matriz del grupo, deberá asumir solidariamente más de 1.500 millones de la multa total.
Parece que a Google se le han acabado los cartuchos legales en Europa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido dar carpetazo a uno de los litigios más largos y costosos de la historia tecnológica, confirmando que la multinacional deberá abonar 4.125 millones de euros por haber abusado de su posición de fuerza con el sistema operativo Android. Esta resolución supone un espaldarazo total a la Comisión Europea, que ya en 2018 puso el grito en el cielo al considerar que la empresa estadounidense estaba jugando sucio para blindar su buscador y su navegador frente a cualquier posible competidor.
La sentencia no se ha andado con chiquitas y desestima por completo el recurso de casación que habían presentado tanto Google como su matriz, Alphabet. Con este movimiento, la máxima instancia judicial de la UE ratifica lo que ya dictaminó en su día el Tribunal General, dejando claro que las restricciones contractuales impuestas a los fabricantes de móviles no eran precisamente para mejorar la experiencia del usuario, sino para asegurarse de que nadie les tosiera en el mercado de las búsquedas por internet. La justicia ha sido tajante: se confirma la mayor sanción antimonopolio impuesta jamás en el territorio comunitario.
El nudo del conflicto: preinstalaciones y pactos de exclusividad
El meollo de la cuestión reside en cómo Google utilizaba su tienda de aplicaciones, la Play Store, como moneda de cambio. Según ha quedado probado, si un fabricante de smartphones quería incluir la tienda oficial en sus dispositivos, estaba obligado a preinstalar Google Search y Chrome de serie. Esto creaba lo que los jueces llaman un «sesgo de statu quo», es decir, que como el usuario ya se encontraba con esas herramientas puestas, rara vez se molestaba en buscar una alternativa, lo que dejaba a otros navegadores y buscadores fuera de juego desde el minuto uno.
Pero la cosa no se quedaba ahí. La investigación sacó a la luz los polémicos «acuerdos contra la fragmentación». Básicamente, Google impedía que las marcas de teléfonos vendieran dispositivos con versiones de Android no autorizadas o modificadas si querían seguir manteniendo la colaboración con el gigante de Silicon Valley. Para el tribunal, esto limitaba las oportunidades comerciales de otros sistemas operativos y reforzaba un ecosistema cerrado donde solo las reglas de Google tenían validez, impidiendo que versiones alternativas de Android pudieran sacar la cabeza en el mercado.
Además, se han analizado los pagos que la compañía realizaba a ciertos operadores y fabricantes para que no instalaran servicios de la competencia. Aunque una parte de estos acuerdos de reparto de ingresos fue lo que motivó que la multa original bajara ligeramente desde los 4.343 millones iniciales, el tribunal sigue viendo una estrategia clara de infracción única y continuada en el tiempo. No se trataba de hechos aislados, sino de un plan bien orquestado para que el buscador de la gran G fuera la opción por defecto en casi cualquier bolsillo de Europa.
La defensa de Google y el papel de Alphabet
Desde las oficinas de la tecnológica no han tardado en reaccionar, lamentando que la justicia no haya tenido en cuenta la enorme inversión que realizan para que Android sea un sistema abierto y gratuito. Según un portavoz de la firma, el modelo de negocio ha permitido que los precios de los móviles bajen y que haya más innovación. Sin embargo, los magistrados europeos han replicado que en los mercados digitales no hace falta demostrar que vas a expulsar a competidores igual de eficaces para que se considere abuso; basta con que se acredite que estás poniendo vallas al campo y reforzando barreras de entrada para los nuevos jugadores.
En cuanto a la cuantía de la sanción, Alphabet no se va a ir de rositas. Como sociedad matriz, tendrá que responder de forma solidaria por un importe que ronda los 1.520 millones de euros. Las asociaciones de consumidores de todo el continente, como la BEUC, han celebrado la noticia como una victoria de la libertad de elección, recordando que durante años los usuarios han sido dirigidos por un embudo que apenas dejaba margen a opciones más respetuosas con la privacidad o con demandas colectivas por el uso de datos privados.
Este varapalo judicial pone fin definitivo a un camino que empezó hace más de una década y que ha cambiado la forma en que Bruselas vigila a las grandes tecnológicas. Aunque Google asegura que ya cambió sus contratos en 2018 para cumplir con las exigencias europeas, el pago de esta multa récord marca un antes y un después en la regulación del sector. El fallo deja claro que tener un buen producto no da vía libre para asfixiar a la competencia mediante contratos abusivos, asegurando que las reglas del juego deben ser iguales para todos en el mercado único europeo.
