La protección de la privacidad digital se ha convertido en un tema central en los tribunales, especialmente para los usuarios de Android en California. Estos días, Google ha sido condenada por un jurado estatal a abonar una sanción de 314 millones de dólares tras una demanda colectiva que pone sobre la mesa cómo se gestionan los datos personales desde los dispositivos con su sistema operativo.
El caso ha atraído la atención de millones, ya que implica prácticas de Google sobre la recogida de datos aún cuando los teléfonos estaban en reposo o apagados, lo que ha generado un amplio debate sobre los límites del consentimiento y la responsabilidad de las corporaciones en el manejo de datos ajenos.
Los orígenes de la demanda y las quejas de los usuarios Android
Casi 14 millones de usuarios californianos de Android se unieron en 2019 para presentar una demanda colectiva. El núcleo del problema radicaba en que Google recopilaba información de los móviles sin que los usuarios lo supieran ni dieran un permiso claro, incluso cuando el dispositivo no estaba conectado a una red WiFi o permanecía inactivo en segundo plano. Para los demandantes, esto suponía una invasión clara de la intimidad y, además, un gasto extra en sus tarifas de datos móviles, ya que el tráfico generado por estos envíos de datos recaía sobre la factura de cada usuario.
La demanda sostenía que la compañía tecnológica realizaba estas prácticas sin informar de manera transparente a los consumidores. Los datos recopilados alimentaban los sistemas de publicidad personalizada y servicios como la geolocalización, lo que beneficiaba directamente al modelo de negocio de Google y aumentaba las opciones de segmentación comercial.
El veredicto: Google, culpable por violar la privacidad y usar datos móviles sin permiso
El jurado de San José decidió que la compañía debía compensar económicamente a los afectados, haciéndose eco de la reclamación sobre el uso indebido de datos móviles y la falta de consentimiento informado. Se calcula que la cantidad repartida entre los usuarios podría alcanzar los 20.000 dólares por persona, aunque la cifra final variará en función de las particularidades del proceso y los recursos judiciales.
Entre las pruebas presentadas se subrayó que los usuarios “no eran conscientes de la transferencia continua de sus datos a los servidores corporativos de Google”, y que estas acciones no podían desactivarse ni detenerse desde la configuración habitual del dispositivo. El jurado consideró esto una carga obligatoria e ineludible para los afectados.
La defensa de Google y los siguientes pasos judiciales
La compañía, a través de su portavoz José Castañeda, defendió que la recogida de información estaba descrita en los términos de servicio y en las políticas de privacidad que aceptan los usuarios al activar un dispositivo Android. Además, argumentó que estas operaciones resultan imprescindibles para mantener la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de los terminales, y que el consumo de datos móviles era mínimo, inferior incluso al envío de una fotografía.
No obstante, Google ha anunciado que apelará la sentencia, al considerar que el jurado ha malinterpretado la importancia de estos servicios básicos para el funcionamiento de Android. Ningún usuario, según la compañía, ha sufrido un perjuicio real, ya que todas las condiciones estaban contempladas en los acuerdos firmados por los clientes.
Tras la condena en California, han surgido nuevas demandas similares en otros estados de Estados Unidos. En concreto, un grupo de usuarios de los 49 estados restantes ha presentado una denuncia similar, que será juzgada en San José en abril de 2026. Este caso puede marcar un antes y un después en la forma en que las grandes tecnológicas gestionan los datos personales y la transparencia con sus usuarios.
Este litigio ha puesto en evidencia la creciente preocupación social por la privacidad digital y la exigencia ciudadana de mayor claridad por parte de las empresas tecnológicas. Lo ocurrido en California podría tener repercusiones de largo alcance, tanto para Google como para toda la industria de la tecnología móvil, a medida que los consumidores reclaman más información y control sobre el uso de sus datos personales.
