- Google acuerda pagar 135 millones de dólares por el uso de datos móviles en Android sin consentimiento expreso
- Alrededor de 100 millones de usuarios de Android en Estados Unidos podrían optar a compensaciones
- Los residentes de California quedan fuera de este acuerdo concreto al tener un pacto independiente
- El caso obliga a Google a cambiar términos de servicio, gestión del consentimiento y ajustes de privacidad en Android
Google ha aceptado desembolsar 135 millones de dólares para zanjar una demanda colectiva en Estados Unidos que acusaba a Android de aprovechar la conexión de datos móviles de los usuarios sin su visto bueno. Aunque la compañía niega haber actuado de forma irregular, el pacto ya está sobre la mesa y se ha convertido en un nuevo capítulo dentro del debate global sobre privacidad y consumo de datos en los teléfonos inteligentes.
Este acuerdo podría beneficiar a alrededor de 100 millones de usuarios de dispositivos Android, siempre que cumplan una serie de requisitos muy concretos. El procedimiento se tramita en la Corte de Distrito del Distrito Norte de California, pero el fondo de compensación se dirige a usuarios de todo Estados Unidos salvo a los residentes en California, que ya cuentan con un arreglo separado.
Qué ha llevado a Google a pagar 135 millones por el uso de datos en Android
El origen del conflicto se remonta a 2020, con la demanda Taylor v. Google LLC, en la que se acusaba a la tecnológica de programar Android para transmitir información a Google en segundo plano, incluso cuando el usuario no estaba utilizando el móvil. Según los documentos judiciales, estas comunicaciones se realizaban en tiempo real y de forma silenciosa, aprovechando en muchos casos la red móvil contratada por el cliente.
Los demandantes sostienen que estas transferencias de datos se producían aun con el teléfono en reposo, sin uso y con las aplicaciones cerradas, lo que habría provocado un consumo de datos celulares no deseado. El argumento central es que los usuarios, sin saberlo, estaban “subvencionando” la actividad de seguimiento y servicios de Google a través de sus propios planes de datos.
En la denuncia se llega a afirmar que Google obligaba a los usuarios a financiar su vigilancia al diseñar los dispositivos Android para enviar información en tiempo real de manera encubierta. La compañía, por su parte, rechaza categóricamente estas acusaciones y no admite responsabilidad alguna en el acuerdo, pero ha preferido cerrar el litigio mediante un pago y una serie de compromisos de cambios internos.
Un aspecto especialmente delicado para los demandantes es que parte de estas transmisiones de información no se limitaban a conexiones Wi‑Fi, sino que también se realizaban a través de redes móviles. Esto, según los abogados, se traduce en un coste directo para el usuario: datos consumidos que podrían haberse evitado y que no habrían sido autorizados explícitamente.
Quién puede optar a la compensación de los 135 millones de dólares
Aunque el caso se tramita en un tribunal federal de Estados Unidos, el fondo de 135 millones de dólares está pensado para un grupo de usuarios muy amplio dentro del país. En concreto, podrán solicitar su parte quienes hayan utilizado un dispositivo Android con un plan de datos móviles para conectarse a internet mediante red celular desde el 12 de noviembre de 2017 y hasta la fecha en que se apruebe definitivamente el acuerdo.
Entre los criterios clave se incluye también la residencia en Estados Unidos y el hecho de que la persona sea miembro de la clase definida en el caso Taylor v. Google LLC. No basta con haber tenido un teléfono Android: es necesario haber usado datos móviles en ese periodo y no estar incluido en otras demandas similares que ya hayan sido resueltas.
Uno de los puntos más llamativos es la exclusión explícita de los residentes en California. Este grupo de usuarios quedó cubierto por otra demanda colectiva paralela, Csupo v. Google LLC, que se resolvió con un acuerdo independiente valorado en más de 314 millones de dólares para 2025. Por tanto, el nuevo fondo de 135 millones solo afecta a usuarios fuera de ese estado.
En el caso actual, se calcula que el número de potenciales beneficiarios ronda los 100 millones de personas. Dada esa magnitud, las cantidades individuales no serán especialmente elevadas y variarán según cuántos usuarios completen finalmente el proceso de reclamación y cómo queden los descuentos por costes legales y de administración.
Cómo se notificará a los usuarios y qué hay que hacer para cobrar
La Corte de Distrito del Distrito Norte de California ha encargado la gestión del acuerdo a un administrador independiente, que será el responsable de contactar con las personas incluidas en la demanda colectiva y canalizar los pagos. Según la información oficial, los usuarios elegibles recibirán un aviso personalizado, bien por correo postal, bien por correo electrónico.
Ese mensaje incluirá dos códigos: un código de aviso y un código de confirmación. Ambos son necesarios para entrar en la página web oficial del acuerdo y registrar la forma de cobro preferida. La idea es que el proceso se realice principalmente de manera electrónica, con pagos digitales para agilizar la distribución del dinero.
En principio, las personas que formen parte de la clase no están obligadas a hacer nada para ser incluidas en el acuerdo, salvo que quieran elegir un método de pago concreto o actualizar sus datos de contacto. Si alguien no facilita información bancaria o de cobro, el administrador intentará procesar igualmente el pago por otros medios, aunque se advierte de que existe el riesgo de que la transferencia no llegue a completarse.
Para quienes tengan dudas sobre su situación, la organización encargada de la liquidación del fondo ha habilitado canales de atención a los usuarios, incluido un número de teléfono específico para resolver preguntas sobre la elegibilidad y el estado del caso. Además, en la web del acuerdo se detalla cómo presentar objeciones, cómo intervenir en la vista judicial o cómo solicitar la exclusión voluntaria.
Cuánto dinero puede recibir cada usuario y cómo se reparte el fondo
El fondo global está fijado en 135 millones de dólares, pero esa cifra no llega íntegra a los bolsillos de los usuarios. Antes, se aplican varias deducciones importantes. Los documentos del caso contemplan hasta un 29,5% destinado a honorarios legales, alrededor de 1,5 millones de dólares para cubrir los costes administrativos y premios de hasta 25.000 dólares para los demandantes principales que impulsaron la acción colectiva.
Una vez descontadas estas partidas, el resto del dinero se destinará a compensar al conjunto de la clase. El acuerdo establece un límite máximo de 100 dólares por persona, aunque todo apunta a que la mayoría de los pagos reales serán inferiores. La cantidad final dependerá de cuántos usuarios presenten su reclamación con éxito y de las posibles variaciones en los gastos aprobados por el tribunal.
El administrador intentará que todos los beneficiarios reciban una cantidad igualitaria, siempre que sea viable desde el punto de vista económico. Si, una vez efectuados todos los pagos, quedase un remanente en el fondo, se prevé una segunda distribución entre quienes ya hayan cobrado, siempre que los importes no sean irrisorios en relación con los costes de gestión.
En el supuesto de que ese reparto adicional no resultase razonable, el excedente se dirigirá a organizaciones sin ánimo de lucro previamente aprobadas por la corte. Lo que no ocurrirá en ningún caso es que el dinero sobrante regrese a Google, ya que el acuerdo descarta expresamente esa opción.
Plazos clave: objeciones, exclusiones y aprobación final
El acuerdo todavía necesita el visto bueno definitivo del tribunal. La audiencia de aprobación final se ha fijado para el 23 de junio de 2026, fecha en la que el juez revisará si los términos del pacto son justos y razonables para todas las partes. En esa sesión se tendrán en cuenta las posibles objeciones presentadas por los miembros de la clase.
Hasta entonces, quienes no estén conformes con el acuerdo o prefieran iniciar su propia acción judicial contra Google tienen la opción de autoexcluirse. El plazo máximo para solicitar esa exclusión o para remitir objeciones formales al tribunal vence el 29 de mayo de 2026, de acuerdo con la información oficial publicada en la web del caso.
Una vez celebrada la vista y dictada la resolución de aprobación, todavía podría haber recursos de apelación. Por eso, el calendario de pagos no es inmediato: los fondos solo se distribuirán cuando exista una sentencia firme y ya no haya posibilidades de impugnación que puedan alterar los términos del acuerdo.
La fecha exacta de los primeros abonos, por tanto, dependerá de cómo evolucione el procedimiento en los tribunales. Hasta ese momento, los usuarios interesados pueden ir adelantando trámites como la selección del método de pago o la confirmación de sus datos de contacto para que, cuando llegue el momento, el proceso resulte lo más ágil posible.
Cambios en Android y en los servicios de Google tras la demanda
Más allá del dinero, el caso obliga a Google a introducir una serie de cambios técnicos y contractuales en su ecosistema. Entre otras medidas, la compañía deberá actualizar los términos de servicio de Google Play para explicar con mayor claridad que ciertas transmisiones de datos pueden producirse de forma pasiva, incluso cuando el usuario no está interactuando con el dispositivo.
La empresa también se ha comprometido a ajustar su sistema de gestión del consentimiento relacionado con el uso de datos móviles. Esto implica, por ejemplo, avisos más nítidos durante la configuración inicial del teléfono y explicaciones más detalladas sobre qué tipo de información se envía, en qué momentos y a través de qué tipo de conexión (Wi‑Fi o red celular).
Dentro de estos cambios se incluye la revisión de determinadas opciones de uso de datos en segundo plano. Una de las configuraciones de Android vinculadas a estas transmisiones será desactivada o modificada para que no siga generando el mismo tipo de tráfico que dio lugar a la demanda. Además, se pedirá a los usuarios que otorguen su consentimiento expreso al configurar sus dispositivos cuando estas funciones puedan suponer un consumo de datos móviles.
Aunque muchos de estos ajustes se centran en el mercado estadounidense, el impacto puede extenderse a otros territorios, incluida Europa y España, donde ya existe una legislación de protección de datos más estricta. No sería extraño que Google armonizase parte de estos cambios con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y con las nuevas normas sobre servicios digitales que se están aplicando en la Unión Europea.
Repercusiones para los usuarios y el debate sobre privacidad
El acuerdo abre de nuevo el melón de hasta qué punto los usuarios entienden lo que ocurre entre bastidores cuando utilizan su móvil. Aunque el caso se concentra en Estados Unidos, la cuestión de fondo es universal: cómo se gestionan los datos y quién paga el coste asociado, tanto en términos económicos (consumo de datos) como de privacidad.
Para los usuarios de Android, esta situación puede servir como recordatorio de la importancia de revisar la configuración de privacidad, comprobar qué aplicaciones acceden a la red en segundo plano y controlar el uso de datos tanto en Wi‑Fi como en redes móviles. Muchos ajustes pasan desapercibidos durante la configuración inicial del dispositivo y solo salen a la luz cuando se producen casos como este.
Desde la perspectiva de las autoridades y reguladores, acuerdos de este tipo refuerzan la idea de que las grandes plataformas tecnológicas deben ofrecer información más transparente y comprensible sobre cómo funcionan sus servicios. La letra pequeña de los términos de uso, especialmente en lo relativo a la recopilación de datos, está cada vez más bajo la lupa de los organismos de control en Europa y Norteamérica.
En el plano económico, la cifra de 135 millones de dólares puede parecer modesta si se compara con los ingresos globales de Google, pero el caso se suma a otros procesos similares que han derivado en acuerdos millonarios y sanciones. Para la empresa, más allá del impacto financiero, el principal riesgo está en la erosión de la confianza de los usuarios y en el incremento del escrutinio regulatorio en mercados clave.
Quienes utilicen Android, tanto en Estados Unidos como en Europa, pueden estar pendientes de las próximas actualizaciones del sistema y de las nuevas pantallas de consentimiento y avisos sobre uso de datos. Este tipo de cambios, que a veces pasan desapercibidos, son la parte visible de disputas legales como la que ha llevado a Google a reservar 135 millones de dólares para cerrar, al menos de momento, el capítulo del uso de datos móviles en segundo plano.
