- La Comisión Europea propone una prohibición total de las redes sociales para menores de 13 años.
- Entre los 13 y los 15 años, se permitirán minicuentas supervisadas por los padres y con límites de tiempo.
- Las plataformas tendrán que demostrar que sus servicios son seguros y eliminar los diseños adictivos.
- La nueva ley, que aún debe ser aprobada por los Estados miembros, incluye sanciones a los gigantes tecnológicos.
Este miércoles, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dado un paso firme en la protección digital de los menores con el anuncio de la futura Ley de Infancia de la UE, conocida como ‘EU Kids Act’. Durante su discurso sobre el Estado de la Unión en Estrasburgo, ha avanzado que Bruselas plantea una prohibición total de las redes sociales para los menores de 13 años y un acceso restringido y supervisado hasta los 15. La iniciativa, que se presentará formalmente este jueves, responde a la creciente alarma social por el impacto de las pantallas en la salud mental de los más jóvenes y a la presión de varios Estados miembros, entre ellos España.
La propuesta, que aún deberá ser negociada con el Parlamento Europeo y los gobiernos de los 27, establece un sistema escalonado de protección que tendrá en cuenta la edad y la madurez de cada usuario. Von der Leyen ha sido tajante: no más redes sociales antes de los 13 años, y a partir de ahí solo con cuentas limitadas controladas por los padres. Además, las plataformas tendrán que demostrar que sus servicios son seguros para los menores, algo que hoy no ocurre en la práctica.
Tres franjas de edad, tres niveles de protección

La futura norma no es un simple veto uniforme, sino un enfoque graduado. En esta primera franja, el acceso a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube quedará completamente vetado para los menores de 13 años. Entre los 13 y los 15 años, los jóvenes podrán disponer de las llamadas minicuentas, que deberán ser creadas y supervisadas por sus padres o tutores. Estas cuentas tendrán funciones muy limitadas, restricciones de tiempo (se habla de un máximo de una hora al día) y no permitirán la interacción con desconocidos.
De los 15 a los 18 años, los adolescentes podrán tener cuentas personales, pero siempre bajo un entorno de ‘diseño seguro’ que las plataformas estarán obligadas a aplicar. Esto implica, según ha detallado la Comisión, eliminar el scroll infinito, las notificaciones constantes o los mecanismos de recompensa. También se regularán los sistemas de recomendación de contenidos para evitar que los menores caigan en espirales de contenido extremo o dañino.
La jefa del Ejecutivo comunitario ha defendido que ‘cada edad tiene sus propias sensibilidades’ y que, por tanto, cada franja de edad tendrá un nivel de protección adaptado. La idea es que los menores no queden expuestos a diseños pensados para engancharles desde que son muy pequeños.
El detonante: el drama de Oléa

No se trata de una decisión tomada a la ligera. Von der Leyen ha querido poner rostro a las consecuencias reales de esta falta de regulación con el caso de Oléa, una niña belga de 14 años que se quitó la vida hace un mes tras sufrir ciberacoso. La madre de la menor, en un testimonio desgarrador, afirmó que «sin estas redes omnipresentes, mi hija seguiría aquí». La presidenta ha asegurado que hay que dar respuesta a esa voz y ha proclamado un rotundo «ya basta».
Los datos que ha citado son demoledores: los jóvenes europeos pasan entre 4 y 6 horas diarias frente a las pantallas, y cada vez son más los casos de pérdida de sueño, ansiedad, autolesiones e incluso muertes relacionadas con el acoso en línea. La exposición temprana a las redes sociales está robando la infancia a toda una generación, denunció la Comisión, en un discurso que fue recibido con un estruendoso aplauso en el Parlamento Europeo.
Qué se le exige a las plataformas
Uno de los cambios más destacados es la inversión de la carga de la prueba. Hasta ahora, los padres tenían que demostrar los peligros; con la nueva norma, serán las plataformas las que tendrán que probar que sus servicios son seguros para los menores. En la práctica, esto supone implementar sistemas eficaces de verificación de edad que impidan que los niños se registren con una fecha de nacimiento falsa, algo que hoy es extremadamente sencillo.
Además, se les obligará a reducir las recomendaciones agresivas de sus algoritmos, eliminar los patrones adictivos y garantizar la máxima privacidad por defecto. También se bloqueará el contacto no deseado con adultos desconocidos y se impedirá la creación de imágenes sexualizadas de menores mediante inteligencia artificial, una lacra que está creciendo de forma alarmante.
En paralelo, la Comisión ha anunciado que en otoño presentará la futura Ley de Equidad Digital, que irá más allá y atacará el diseño adictivo de las plataformas para todos los usuarios, no solo para los menores. Esta norma buscará frenar los llamados «patrones oscuros» que manipulan el comportamiento de las personas para mantenerlas enganchadas, y la personalización publicitaria que explota las vulnerabilidades de cada usuario.
Reacciones y el camino por delante
La decisión de Bruselas no ha surgido de la nada. Varios países de la UE ya han impulsado sus propias restricciones en los últimos meses: Francia intentó prohibir las redes hasta los 15 años, aunque el Tribunal Constitucional bloqueó la medida por considerarla contraria a la libertad de expresión. España, por su parte, lleva tiempo estudiando un veto a los menores de 16, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha celebrado el anuncio europeo asegurando que «es el momento de actuar de forma coordinada».
Fuera del bloque europeo, Australia se convirtió en diciembre de 2025 en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales para menores de 16 años, aunque las primeras evaluaciones apuntan a que las plataformas no están identificando correctamente a los usuarios jóvenes. La UE quiere evitar ese fallo y, por eso, insiste en que la carga de la prueba recaiga en las propias compañías.
El camino legislativo no será rápido: la ‘EU Kids Act’ deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y por cada uno de los Estados miembros, algo que podría llevar años. Mientras tanto, la presión sobre los gigantes tecnológicos sigue creciendo. El reciente acuerdo de Meta con los fiscales de 52 estados de EE. UU., que incluía una multa de casi 18.000 millones de dólares, demuestra que el problema es global y que las soluciones tienen que ir más allá de los vetos simbólicos.
Con este anuncio, la Unión Europea quiere enviar un mensaje claro: Europa tiene poder para actuar y no va a dejar la protección de la infancia en manos de los intereses comerciales de las grandes tecnológicas. Lo que está en juego no es solo la seguridad de los menores, sino también la manera en la que concebimos el espacio digital como un entorno habitable y saludable para todos.




