- Un tribunal de Nuevo México ha ordenado a Meta abonar 567 millones de dólares para reparar los daños causados a la salud mental de los menores por el diseño de sus plataformas.
- La sentencia, que se suma a los 375 millones impuestos en marzo, eleva la sanción total a 942 millones de dólares y obliga a la compañía a aplicar límites de uso y reforzar la verificación de edad.
- Meta ha anunciado que recurrirá el fallo, mientras que el fiscal general del estado celebra una victoria para las familias y los menores.
La justicia estadounidense ha vuelto a poner el foco en el impacto de las redes sociales sobre los más jóvenes. Un juzgado del distrito de Santa Fe, en Nuevo México, ha dictado una sentencia histórica contra Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, por considerar que sus plataformas han contribuido a deteriorar la salud mental de los adolescentes. La compañía deberá desembolsar 567 millones de dólares (unos 492 millones de euros) para financiar un fondo de reparación destinado a los menores afectados.
El magistrado Bryan Biedscheid ha concluido que las plataformas de Meta constituyen una “molestia pública”, ya que su diseño busca maximizar la interacción de los usuarios, incluso cuando ello genera efectos perjudiciales para el bienestar de los jóvenes. Esta resolución pone fin a la segunda fase de un proceso civil que arrancó en 2023, cuando el fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, denunció a la tecnológica por no proteger a los menores frente a los riesgos de sus aplicaciones.
Una sanción que marca un antes y un después
La cuantía fijada por el tribunal no es casualidad. Del total de la multa, 420 millones de dólares se destinarán a programas de tratamiento para los jóvenes que hayan sufrido daños relacionados con el uso de las redes. El resto, unos 147 millones, se repartirá entre campañas de concienciación, servicios de detección y prevención, así como la implementación y auditoría de estas medidas durante los próximos cinco años.
Esta condena se suma a la impuesta en marzo, cuando un jurado ya obligó a Meta a pagar 375 millones de dólares por violar la ley de protección al consumidor al ofrecer información engañosa sobre la seguridad de sus plataformas para niños y adolescentes. En total, la compañía acumula 942 millones de dólares en sanciones por este caso, una cifra que refleja la gravedad de las acusaciones.
Medidas más allá del dinero
El fallo no se limita a la compensación económica. El juez ha ordenado a Meta implementar una serie de cambios en el funcionamiento de sus redes para proteger a los menores. Entre las medidas más destacadas figuran límites mensuales de uso para los adolescentes, restricciones en el envío de notificaciones y controles más estrictos sobre el contacto de adultos con menores.
Además, la empresa deberá mejorar sus sistemas de verificación de edad, utilizando herramientas basadas en inteligencia artificial para estimar la edad de los usuarios. También tendrá que crear un portal de denuncias en colaboración con escuelas u organizaciones de seguridad infantil, para que el personal educativo pueda señalar a posibles menores de 13 años que estén usando las plataformas sin autorización.
Otra de las exigencias pasa por eliminar la información personal recopilada de usuarios menores de 13 años y desarrollar un modelo de predicción para identificar a estos niños en un plazo de dos años. La compañía deberá presentar informes semestrales al tribunal detallando el cumplimiento de todas estas obligaciones.
La respuesta de Meta y el contexto global
La tecnológica no ha tardado en reaccionar. En un comunicado, un portavoz de Meta ha confirmado que recurrirá la sentencia, argumentando que la compañía trabaja intensamente para mantener seguros a los usuarios y que ha sido transparente sobre los desafíos de identificar y eliminar contenidos dañinos. “Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea”, señaló.
Por su parte, el fiscal general de Nuevo México ha celebrado la decisión, calificándola como “una victoria para todos los padres que se han preocupado por lo que las redes sociales les están haciendo a sus hijos”. Torrez ha insistido en que el caso busca defender a las familias y garantizar que una de las mayores empresas tecnológicas del mundo no lucre con prácticas que ponen en peligro a los jóvenes.
Un precedente con eco en Europa y España
Aunque la sentencia se limita al estado de Nuevo México, su repercusión trasciende fronteras. En la Unión Europea, el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) ya obliga a las plataformas de gran tamaño, como Meta, a evaluar y mitigar los riesgos sistémicos para la infancia, con sanciones que pueden alcanzar el 6% de su facturación global anual.
En España, este fallo podría servir de impulso para que la Agencia Española de Protección de Datos y el Ministerio de Juventud e Infancia refuercen sus mecanismos de control sobre los contenidos accesibles a menores. El caso demuestra que las autoridades pueden lograr condenas millonarias si acreditan que la compañía ocultó información y engañó sobre la seguridad de sus productos.
La presión judicial contra las grandes tecnológicas no deja de crecer. Más de 30 estados de Estados Unidos mantienen litigios similares contra Meta por los efectos de las redes sociales en la salud mental de la infancia, y este fallo podría sentar un precedente importante para futuras demandas.
Con esta sentencia, la justicia estadounidense envía un mensaje claro: las plataformas digitales deben asumir su responsabilidad sobre el impacto que generan en los más vulnerables. La combinación de una sanción económica millonaria y la imposición de medidas correctivas supone un avance significativo en la protección de los menores en el entorno digital, aunque el camino hacia una regulación más estricta aún está por recorrer.