- Una coalición de 29 estados de EE.UU. acusa a Meta de diseñar funciones adictivas en Instagram y Facebook para menores.
- La compañía podría enfrentarse a sanciones de hasta 1,4 billones de dólares, una cifra cercana a su valor bursátil.
- Los demandantes exigen cambios estructurales como eliminar el scroll infinito y las notificaciones intrusivas.
- Meta niega las acusaciones y asegura que la 'adicción a las redes sociales' no es un diagnóstico médico reconocido.
La tecnológica Meta, propietaria de Instagram y Facebook, se sienta estos días en el banquillo de un tribunal federal de California. Una coalición formada por 29 fiscales generales de otros tantos estados estadounidenses la acusa de haber implementado funciones deliberadamente adictivas para enganchar a los más jóvenes a sus plataformas, priorizando el beneficio económico sobre su salud mental. El caso, que arrancó este martes en Oakland, se ha convertido en el mayor desafío legal por diseño adictivo que ha tenido que afrontar la empresa de Mark Zuckerberg en toda su historia.
El proceso, que se alargará previsiblemente entre cuatro y ocho semanas, está presidido por la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers. Durante las próximas semanas está previsto que declaren tanto el propio Zuckerberg como el responsable de Instagram, Adam Mosseri. La acusación sostiene que Meta vulneró la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA) al recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, y que además engañó a los consumidores sobre la seguridad de sus servicios. Las sanciones económicas podrían alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cantidad que roza la capitalización bursátil de la compañía.
Un juicio sin precedentes por la salud mental de los menores
Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey lideran la acusación en nombre de los 29 estados. Rob Bonta, fiscal de California, ha sido tajante: “Explotar a nuestros residentes más vulnerables para aumentar las ganancias corporativas no solo es moralmente incorrecto, sino ilegal”. Por su parte, Phil Weiser, fiscal de Colorado, ha vinculado el caso con la grave crisis de salud mental que afecta a los jóvenes y ha insistido en que las grandes tecnológicas deben rendir cuentas. La demanda forma parte de un litigio multidistrital mucho más amplio, con más de 3.000 demandantes contra Meta, Google, TikTok y Snap, que acusan a estas empresas de diseñar plataformas para maximizar el tiempo de pantalla y fomentar conductas adictivas.
Entre las funciones señaladas como problemáticas destacan el scroll infinito, las notificaciones constantes, los algoritmos que priorizan la interacción y la recomendación automática de contenidos. Los demandantes sostienen que Meta conocía los riesgos gracias a sus propias investigaciones internas, pero que hizo caso omiso. Además, piden que se eliminen todos los algoritmos y modelos de inteligencia artificial entrenados con datos de niños, y que se reestructuren los sistemas para priorizar el bienestar del usuario por encima del engagement.
Las funciones adictivas y los cambios que exigen los estados
Si la jueza Gonzalez Rogers accede a las peticiones de los estados, el impacto en el funcionamiento de Instagram y Facebook sería radical. Se exigiría la eliminación del scroll infinito y de las notificaciones intrusivas, así como la implementación de restricciones de edad más estrictas y límites de tiempo de uso para los menores. También se plantea que los algoritmos dejen de priorizar la retención del usuario y pasen a favorecer su bienestar. Esto supondría un cambio de modelo de negocio para Meta, que ha sido acusada en Bruselas por diseñar redes adictivas y depende en un 98% de la publicidad en línea.
La defensa de Meta, por su parte, califica las acusaciones de “infundadas” y “enormemente desproporcionadas”. Un portavoz de la compañía aseguró que los fiscales no presentan pruebas de que nadie haya sido engañado, y que intentan penalizar a la empresa por desafíos que afectan a toda la industria, como la verificación de la edad. Además, Meta argumenta que la denominada “adicción a las redes sociales” no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, por lo que no puede considerarse que la empresa engañara a los consumidores al presentar sus servicios como no adictivos.
La defensa de Meta y sus antecedentes judiciales
La compañía llega a este juicio después de varias derrotas en los tribunales. A principios de agosto, un tribunal de Nuevo México condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental juvenil, y en marzo un tribunal de Los Ángeles le ordenó, junto a Google, indemnizar con 6 millones de dólares a una joven que denunció adicción a las redes. Estos precedentes han elevado la presión sobre la tecnológica, que además está realizando fuertes inversiones en inteligencia artificial, con un gasto previsto de hasta 145.000 millones de dólares este año. Una sanción millonaria podría poner en jaque sus planes de expansión.
El juicio de Oakland es solo el primero de una serie de procesos que podrían llegar contra otras plataformas como TikTok o Snapchat. Los expertos lo comparan con el “momento de las grandes tabacaleras” de los años 90, cuando las compañías de cigarrillos tuvieron que pagar miles de millones por engañar al público. La decisión de la jueza, que se espera para octubre, sentará un precedente clave para el futuro de la regulación de las redes sociales en Estados Unidos y, probablemente, en el resto del mundo.
En definitiva, Meta se juega mucho más que una multa: se juega la forma en que sus plataformas operan y la confianza de millones de familias. La presión social y política es enorme, y el desenlace de este caso podría redefinir los límites de la industria tecnológica en su relación con los menores. Habrá que esperar a las próximas semanas para ver si la justicia estadounidense pone coto a las prácticas de la compañía o si, por el contrario, la defensa de Meta logra convencer al jurado de que sus plataformas no son responsables de la crisis de salud mental juvenil.
