En los últimos meses, la presión del gobierno ruso sobre las aplicaciones extranjeras de mensajería ha alcanzado un punto clave, situando a WhatsApp y Telegram en el centro de una estrategia política y tecnológica que busca reforzar la soberanía digital del país. Las autoridades han endurecido las medidas de censura y desarrollado su propia alternativa, MAX, replicando el modelo de plataformas chinas como WeChat.
Estas iniciativas no sólo afectan a la manera en que los ciudadanos se comunican, sino que marcan un cambio significativo en el control estatal sobre el acceso a la información y la privacidad digital. Millones de rusos, hasta ahora usuarios habituales de WhatsApp y Telegram, se ven ante un panorama digital cada vez más restringido por normativas y desarrollos locales.
La ofensiva contra WhatsApp y Telegram
El discurso oficial, impulsado por figuras como el legislador Antón Gorelkin y respaldado por departamentos como el Ministerio del Interior, apunta a la vinculación de WhatsApp y Telegram con la comisión de delitos. Según datos oficiales, durante una sola semana, Telegram sumó 414 incidentes y WhatsApp 313, números muy superiores a los registrados en plataformas nacionales como VKontakte o Max, donde la actividad delictiva reportada es prácticamente inexistente.
Este argumento alimenta la narrativa estatal de que las plataformas extranjeras suponen un riesgo para la seguridad nacional y, por tanto, deben ser sustituidas por alternativas bajo control ruso. Mensajes similares han llegado desde blogueros influyentes y responsables políticos que instan a la prohibición definitiva de WhatsApp y la migración forzosa a MAX.
MAX: la apuesta del Kremlin por una superapp
MAX ha sido desarrollada por VK, el equivalente local de Facebook, con el objetivo de convertirse en el eje central de la vida digital en Rusia. Inspirada en WeChat, MAX busca integrar mensajería, pagos, reservas de servicios y acceso a trámites oficiales, todo desde un único portal digital. Para entender mejor cómo estas plataformas afectan nuestra privacidad y seguridad, puedes visitar las mejores VPN para proteger tu móvil en Rusia.
No se trata sólo de ofrecer una alternativa a WhatsApp o Telegram, sino de crear un entorno digital completo donde los usuarios dependan de servicios nacionales. Su lanzamiento ha venido acompañado de campañas de promoción, incluso entre escolares, y la promesa de que será obligatoria en todos los teléfonos vendidos en el país a partir de septiembre.
Según sus creadores, MAX garantiza la privacidad de sus usuarios y no almacena los mensajes en la nube ni comparte datos personales. Sin embargo, muchos expertos desconfían de estas promesas, dado el historial del gobierno ruso en cuanto a vigilancia y control.
Censura, VPN y control sobre la información
El aumento de la censura no se limita a las aplicaciones de mensajería. Rusia ha aprobado nuevas leyes que castigan el acceso a contenidos considerados extremistas y explora multas para quienes utilicen VPN o servicios que permitan burlar los bloqueos digitales. De hecho, casi 200 servicios de VPN han sido bloqueados y se penaliza cualquier intento de eludir las restricciones.
Las autoridades también han exigido a empresas tecnológicas como Apple y Google que colaboren en el bloqueo de aplicaciones y el acceso a servicios extranjeros. Todo ello refuerza la estrategia estatal de aislar digitalmente al país y centralizar el control sobre la red mediante software como EcoSGE y herramientas de seguimiento del tráfico como Sylorde.
Esta concentración de poder digital hace que más de la mitad de las direcciones IP rusas pertenezcan a proveedores vinculados al Estado, dificultando cualquier intento ciudadano de sortear la censura y el seguimiento.
La transformación de la vida digital en Rusia
La migración forzada hacia MAX afecta no sólo a la mensajería, sino a toda la experiencia digital de los usuarios rusos. Chats escolares, gestiones públicas y pagos cotidianos pasarán a integrarse en esta plataforma, bajo la supervisión del Estado.
La reacción social muestra desconfianza y escepticismo ante la promesa de privacidad y las verdaderas intenciones detrás de MAX. Mientras, organizaciones internacionales y defensores de derechos digitales denuncian un retroceso en la libertad de expresión y acceso a la información en Rusia, evidenciando un creciente control y vigilancia en los ecosistemas digitales.
