Rusia ha comenzado a limitar las llamadas de voz realizadas a través de WhatsApp y Telegram, una medida que las autoridades justifican para frenar el incremento de estafas, extorsiones y actividades que consideran de riesgo para la seguridad. El cambio ya se nota entre usuarios que reportan fallos y cortes, especialmente desde el fin de semana anterior al anuncio.
El regulador Roskomnadzor sostiene que solo se restringen las llamadas mientras el resto de funciones (mensajes, archivos, canales) continúan disponibles. El acceso pleno a la voz se recuperará si las plataformas acatan las exigencias de la legislación rusa, según explicó el Ministerio de Desarrollo Digital.
Qué cambia para los usuarios
La medida incide exclusivamente en la función de llamadas VoIP de ambas aplicaciones: en algunos casos es imposible iniciar la comunicación y en otros la calidad cae en picado con cortes y ruidos metálicos. Los mensajes de texto, notas de voz, stickers o videoclips no se ven afectados.
Medios internacionales han constatado incidencias: reporteros observaron que en Telegram las llamadas apenas conectaban desde el 11 de agosto y que en WhatsApp resultaban impracticables por cortes y un zumbido constante. Las quejas se multiplicaron en redes y foros de soporte a partir del fin de semana.
Las autoridades recuerdan que Rusia implantó en 2024 un sistema antifraude que bloquea la suplantación de números en redes telefónicas tradicionales. Tras ese cierre, buena parte de los delincuentes habría desplazado sus operaciones de voz a los mensajeros, lo que explicaría el aumento del uso del canal de llamadas para timos y extorsiones.
Algunos usuarios plantean el uso de VPN, pero el ecosistema ruso también ha desarrollado mecanismos para limitar estas herramientas, con bloqueos periódicos y ralentizaciones, por lo que su eficacia puede variar y no está garantizada.
Argumentos del Gobierno y exigencias a las plataformas
Roskomnadzor afirma que WhatsApp y Telegram se han convertido en canales prioritarios para engaños, extorsiones y, según los servicios de seguridad, para involucrar a ciudadanos en sabotajes o actividades terroristas. En paralelo, las autoridades han señalado repetidamente a Telegram como herramienta donde operan redes de reclutamiento para acciones clandestinas.
Para revertir la restricción, el Gobierno exige a las compañías que establezcan entidades legales en Rusia, ofrezcan acceso a datos cuando lo requieran las fuerzas del orden y cooperen con el regulador en la aplicación de la ley local. Solo entonces se restituirían las llamadas, insisten las autoridades.
Datos oficiales apuntan a un repunte delictivo: el Ministerio del Interior cifra en más de 448.000 las víctimas de fraude en 2024, con perjuicios superiores a 200.000 millones de rublos (en torno a 2.000 millones de dólares). Además, un legislador destacó que los ataques a usuarios de WhatsApp se multiplicaron por 3,5 desde 2024.
En este contexto, Moscú declaró a Meta una organización extremista en 2022, si bien WhatsApp siguió operando por su extendido uso. Aun así, el servicio ha recibido sanciones por no retirar contenidos considerados prohibidos por el regulador ruso.
Respuesta de las plataformas y el ecosistema digital en Rusia
En las primeras horas tras el anuncio, ni Meta (propietaria de WhatsApp) ni Telegram ofrecieron comentarios públicos detallados. Telegram, en declaraciones a medios locales, sostuvo que combate activamente las llamadas a la violencia y el fraude, y que sus moderadores apoyados en herramientas de IA eliminan millones de mensajes maliciosos en espacios públicos cada día.
El trasfondo es un pulso de años entre Rusia y grandes tecnológicas por contenidos, almacenamiento y acceso a datos, una dinámica que se intensificó tras 2022. Organizaciones como Human Rights Watch denuncian un aumento de la capacidad estatal para bloquear o limitar webs y herramientas anti-censura, así como la posibilidad de ralentizar servicios extranjeros para empujar a la migración hacia alternativas nacionales.
En paralelo, el Kremlin impulsa la llamada “soberanía digital”, que incluye el desarrollo de MAX, una aplicación de mensajería de origen nacional con integración de servicios públicos y pagos. La app, vinculada al grupo VK, supera los dos millones de registros y sus términos contemplan compartir datos con autoridades previa solicitud; además, una normativa prevé su preinstalación en nuevos smartphones.
Desde la Duma, voces como la del diputado Antón Gorelkin han advertido que WhatsApp debería prepararse para salir del mercado si no se acompasa a la normativa, y otro legislador ha calificado su presencia como un riesgo para la seguridad nacional.
La base de usuarios refleja la relevancia del cambio: en julio, WhatsApp rondaba los 96 millones de usuarios mensuales en Rusia y Telegram unos 89 millones. No es la primera fricción: el intento de bloquear Telegram entre 2018 y 2020 no prosperó y finalmente se levantó.
Qué esperar a corto plazo
Los usuarios seguirán notando limitaciones intermitentes o totales en las llamadas mientras el resto de funciones permanece disponible. Empresas que dependen de la voz por mensajería podrían tener que recurrir a alternativas temporales en telefonía tradicional o en otras soluciones de comunicación.
El levantamiento del bloqueo parcial dependerá de que las plataformas cumplan las condiciones planteadas por el Gobierno, algo que —si sucede— permitiría restablecer la voz. Si no hay acuerdo, los obstáculos podrían prolongarse y ampliarse con medidas técnicas adicionales.
Se recomienda extremar la precaución ante posibles intentos de fraude por otros canales, verificar identidades y evitar compartir datos sensibles por mensajes. Las autoridades fomentan el uso de servicios locales alineados con sus requisitos de seguridad.
Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de control del ecosistema digital y confrontación regulatoria con tecnológicas extranjeras, donde se cruzan intereses de seguridad, privacidad y competencia por la atención de millones de usuarios.
Los usuarios enfrentan un escenario cambiante en el que la cooperación o la ausencia de ella determinará si las llamadas vuelven a la normalidad, en un contexto donde las motivaciones de seguridad, las exigencias legales y el empuje hacia alternativas nacionales convergen para definir el futuro de la comunicación en Rusia.
