Los tribunales de Moscú han impuesto a Telegram dos multas que suman 10,5 millones de rublos (cerca de 131.000 dólares) por incumplir la normativa: no localizar los datos personales de ciudadanos rusos en servidores del país y negarse a retirar contenidos prohibidos.
El fallo fue dictado por el juez de paz del distrito Taganski, que declaró a la plataforma responsable de una contravención administrativa al infringir la ley rusa de protección de datos y las reglas sobre difusión de información en internet.
Detalle de las multas y fundamento legal
Una de las sanciones asciende a 3,5 millones de rublos (unos 43.600 dólares) por no cumplir con la obligación de alojar en Rusia los datos personales de los usuarios del país, tal como estipula la legislación vigente y confirmó la oficina de prensa de los tribunales moscovitas.
La segunda multa, de 7 millones de rublos (más de 87.000 dólares), responde a la negativa a eliminar informaciones prohibidas en Rusia. Entre los contenidos vetados figuran aquellos que inciten al odio étnico, racial o religioso; que supongan un riesgo para menores o promuevan el consumo de drogas, alcohol o tabaco; así como el juego, la prostitución o el vagabundeo. También se excluye el material que justifique la crueldad con los animales, que niegue los llamados “valores familiares” o que haga propaganda de relaciones sexuales no tradicionales. Tras el inicio de la guerra, además, se persigue la “información falsa” sobre la campaña militar rusa en Ucrania.
Desde septiembre de 2015, las empresas que tratan datos personales de ciudadanos rusos deben ubicar los servidores en el territorio nacional, requisito cuya inobservancia ha motivado múltiples actuaciones administrativas.
Contexto y antecedentes tecnológicos
No es un episodio aislado: en mayo pasado, el mismo tribunal impuso a Telegram otra multa de 2 millones de rublos por violaciones similares relacionadas con la localización de datos, según las resoluciones conocidas.
La presión regulatoria también afecta a otras plataformas tecnológicas. Autoridades rusas han sancionado a Facebook, Twitter y TikTok, y el acceso a estas plataformas ha sido bloqueado en diferentes periodos del país.
Este endurecimiento normativo forma parte de una política de mayor control estatal sobre el flujo de información y las operaciones de empresas extranjeras, condicionando tanto el cumplimiento legal de las plataformas como la experiencia de los usuarios en el entorno digital ruso.
El expediente contra Telegram acumula 10,5 millones de rublos en multas por datos y contenidos, sumando antecedentes recientes en un contexto de vigilancia reforzada sobre la actividad de las principales redes sociales en Rusia.
